miércoles, enero 19, 2005

Control público vs. Control privado

Es necesario contar con armas afiladas para concurrir a la batalla por las ideas. Jahd nos proporciona una que corta como una espada en el debate sobre la presunta necesidad de los controles públicos de calidad.
Uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos por los estatistas, incluso por los más moderados, para defender la extensión de las actividades públicas sobre el funcionamiento del Mercado es la presunta necesidad de controlar la adecuación de los productos (alimentos, juguetes, automóviles) a ciertos requisitos de seguridad y salubridad. Aducen los estatistas que el consumidor medio es incapaz de apreciar el grado de cumplimiento de los productos en relación con dichos requisitos y que, siendo costoso su cumplimiento para el proveedor, puede éste evitar incurrir en dichos costos para maximizar su beneficio, ya que el incumplimiento, por la razón dicha, no ha de repercutir en la demanda.
Hoy escribe Jahd un excelente artículo en Sandwiches en la Torre de la Vela donde, con claridad, sentido común y ejemplos, se desmonta dicha visión, tomando como ejemplo el caso de los controles de salubridad de los alimentos. Poco se puede añadir a lo dicho en el artículo, cuya lectura recomiendo. La existencia del monopolio del Estado sobre el control alimentario impide la creación de un cross market de agencias privadas de control, agencias que competirían entre sí, y que aportarían valor tanto a los consumidores (que se beneficiarían de su función controladora) como, desde luego, a los proveedores, para quienes la certificación de salubridad emitida por una u otra agencia significaría un mejor posicionamiento de mercado.
¿Y quien lo paga? preguntará nuestro estatista, todavía muy seguro de sí mismo. Nada más sencillo y, lo que es más, nada más demostrado por la práctica empresarial. Numerosos proveedores de servicios y fabricantes de maquinaria industrial o de consumo pagan elevadas cantidades a agencias privadas de Certificación de Calidad (como Lloyd's Register, el Bureau Veritas o la agencia alemana TÜV) al objeto de incorporar a su publicidad corporativa y a la superficie de sus productos el sello de certificación de calidad, poderoso argumento comercial por medio del cual generan confianza en los consumidores y mejoran, por tanto, su posicionamiento de mercado. Estas agencias eligen sus métodos de certificación según criterios de mercado, no en función de la decisión más o menos acertada de un conjunto de funcionarios y, por tanto, compiten entre sí; una agencia cuya certificación fuera meramente cosmética desaparecería, como señala Jahd, porque no estaría aportando realmente ningún valor a su clientela. Y, en todo caso, sería decisión de los consumidores adquirir productos y servicios no certificados o con una certificación emitida por una agencia con fama de poco severa (y por ende, barata para el productor): para eso, claro, haría falta una ética de la responsabilidad que, al menos en España, falta. Si un consumidor compra la fruta en un mercado callejero o compra los juguetes de sus hijos en los bazares chinos, debe saber que aprovecharse del bajo costo de esos productos no es gratis, sino que con ello está renunciando a su derecho a la seguridad y está asumiendo el riesgo de intoxicarse con una manzana en mal estado o de que sus hijos se ahoguen con una pieza suelta de un juguete barato.
El coste de estas certificaciones, asumido por los proveedores, sería repercutido finalmente a los consumidores, claro está. Por eso, entre otras razones, el juguete de Toys'r'us es mucho más caro que el del bazar. Pero es falaz afirmar que, en el caso de agencias públicas, dicho coste no se repercute. Primero, porque muchas agencias públicas o seudopúblicas (como la española AENOR) cobran por sus servicios lo mismo que cualquier agencia privada; y segundo porque, en todo caso, el coste de funcionamiento de una agencia pública en un sistema de monopolio perfecto se repercute a los consumidores por la vía inexorable de los impuestos. Todo tiene un coste, y ese coste, tarde o temprano, acaba alcanzando nuestros bolsillos.
Nada justifica que un sector de mercado, cualquier sector de mercado (es decir, cualquier actividad que responde a una demanda voluntaria de los agentes del mercado) sea asumido caprichosamente por el Estado. El control de calidad de los productos que consumimos tampoco.

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posted by Freelance at 11:20:00 a. m.