viernes, enero 14, 2005

En el tren

Un par de noticias aparecidas en El Mundo me han llamado la atención, y me gustaría levantar acta aquí de ellas.
Escribo esto a bordo del TALGO, en viaje de regreso desde Málaga a Madrid (que no se apresuren mis amigos malagueños a tacharme de descortés por no avisar: he venido con el tiempo muy justo). Escribo en el procesador de textos, a la espera de llegar a casa y subir el artículo al blog: por desgracia, vivimos todavía en una sociedad (la española) escasamente tecnificada. Y no lo digo sólo porque el tren carece de cualquier forma de conexión a Internet que, teniendo en cuenta que se trata de un medio de transporte propulsado por energía conducida por cables, sería especialmente fácil y barato de instalar; me refiero también al hecho de que, desde que he sacado el portátil, tengo la impresión de estar dando el cante a juzgar por las miradas que me dirige la mayor parte del resto de los pasajeros.

En el camino de ida (en avión), que he compartido con un famoso jugador de golf que lleva coleta y bigotes y cuyo nombre, desafortunadamente, no recuerdo, he ido leyendo el periódico (ElMundo), como solemos hacer los voladores habituales y obligatorios. Por cierto que el golfista, que llevaba un reloj de oro de a cincuenta mil (euros) leía El País, lo que me ha llenado de perplejidad; tal vez estuviera leyendo con atención algún artículo de fondo de esos que prodiga el diario de Polanco en el que se abominase de las desigualdades sociales imputables al irrefrenable liberalismo y se propugnase, con todo género de datos falsos, la urgente redistribución de la riqueza.

En todo caso, un par de noticias aparecidas en El Mundo me han llamado la atención, y me gustaría levantar acta aquí de ellas.

1. Según parece, el Gobierno va a promulgar una Ley limitando de forma drástica la capacidad de las Comunidades Autónomas para emprender campañas propagandísticas institucionales. En concreto, se limitarán los contenidos, de modo que en dichas campañas no se puedan mencionar los logros de gestión acreditados por los gobiernos regionales.

Ciertamente, la presunta necesidad de promulgación de esta Ley parte de una premisa ya bastante lamentable, como es la hiperinflación de organismos públicos. Por una vez, la legislación estatal no se dirige a regular la actividad del sector privado, sino la de otra parte del Estado mismo. Desde el punto de vista liberal no habría más que sentarse en la barrera a ver cómo los enemigos se despedazan entre sí, sin otra razón para el desconsuelo que pensar en los fondos públicos que se utilizarán para garantizar, por medio de ejércitos de inspectores a sueldo del erario, la eficacia de los controles previstos en la Ley.

Sin embargo, desde un punto de vista puramente político, no deja de ser notable que el Gobierno del Estado (del PSOE) quiera amordazar a los diferentes gobiernos regionales (mayoritariamente del PP) para que éstos no puedan siquiera lucir desde un punto de vista institucional los réditos de su política.

En su afán por adormecer la conciencia del respetable, el Gobierno no se consagra siquiera al noble arte del disimulo, y procede con una ruda franqueza de intenciones que espanta. La comparación en materia de prosperidad económica entre las autonomías gobernadas por el Partido Popular y el resto es tan astronómica que no puede pasar desapercibida. Hace pocas fechas se publicaban los datos relativos al comportamiento del empleo en España durante el último trimestre de 2004 y estos datos eran tan buenos que cualquiera habría pensado que el Gobierno iba a dedicarles un día de celebraciones nacionales; sin embargo, quien con más ahínco y satisfacción anunció los datos fue el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. ¿El motivo? Muy sencillo, que con algo más del 10% de la población total de España, la creación de empleo en la Comunidad de Madrid ha supuesto alrededor del 40% del conjunto nacional. Sin embargo, en otras comunidades las alzas han sido mínimas. Ese hecho, teniendo en cuenta que la creación de empleo depende por modo principal de acciones (o mejor: inacciones) públicas derivadas de competencias transferidas, desnudaba de forma notoria el fracaso de las políticas estatistas del PSOE (por no hablar de los delirios filototalitarios de los gobiernos regionales nacionalistas) y el éxito de las moderadas propuestas liberales del Gobierno de Madrid. La reacción del Gobierno, por tanto, no podía hacerse esperar: y no se ha hecho.

2. En ese escenario de embridamiento de los poderes regionales, llama más la atención, por tanto, la complacencia con que el Gobierno de España mira el proceso de reforma del Estatuto catalán (proceso que, con boba admiración, proponen como ejemplo del seny político catalán ante la más agresiva estrategia vasca), después de leer otra noticia publicada en El Mundo, si bien con cierto disimulo, a una única columna y en página par.

Al parecer, el proyecto de reforma del Estatut que se está cociendo en estos momentos incluye una disposición por la cual los residentes en Cataluña tendrán el derecho de usar y (aquí está la novedad) el deber de conocer las dos lenguas cooficiales, es decir, el castellano y el catalán. Como desarrollo de ese principio, se contienen en el proyecto otros artículos por los cuales los miembros de la Administración de Justicia en Cataluña deberán conocer el catalán y usarlo como única lengua en el ejercicio de sus funciones y, asimismo, las comunicaciones emitidas por dichos funcionarios (resoluciones de todo tipo) deberán cursar igualmente en catalán, sin que los destinatarios puedan exigir la traducción al castellano. El artículo de El Mundo aventura tímidamente que los órganos públicos del resto de España tendrán que contar, entonces, con traductores; yo añado que no sólo el resto de organismos, sino también los abogados, procuradores, empresas y resto de ciudadanos, ya que todos podemos ser destinatarios, en uno u otro momento, de los autos, mandamientos, providencias, oficios o requerimientos de variada laya que los tribunales de cualquier parte de España tengan a bien proveer, incluyendo, claro está, los de Cataluña.

El PP, que se ha quedado solo (como era de prever) en la oposición a esta pintoresca exhibición de desvergüenza jurídica por parte de los redactores catalanistas del Estatut, ha argumentado que, en la práctica, eso equivale a la modificación de numerosas leyes orgánicas de ámbito nacional; añado yo que también implica una modificación de la Constitución, concretamente de los Artículos 3, 14 y 19.

Los Golpes de Estado se pueden dar a tortas, como Ibarreche, o de forma algo más sutil, pero por lo mismo más eficaz, como el Tripartit. Pese a que Zapatero se llene la boca de ponerles como ejemplo. O tal vez por eso mismo.
Post Scriptum:
Al final no ha sido hoy, sino mañana cuando he colgado el artículo. He dormido mal: en sueños se me aparecía De La Vega compareciendo anoche ante la prensa, dando cuenta, con un lenguaje no sé si hermético o simplemente inepto, del resultado de las negociaciones entre Ibarreche y Zapatero.

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posted by Freelance at 9:21:00 a. m.