miércoles, enero 12, 2005

La falsa dialéctica del diálogo.

Todos llevamos días leyendo multitud de comentarios y pronunciamientos públicos en relación con el Plan Ibarreche. A estas alturas y a grandes rasgos, creo que puede establecerse una clasificación de las posiciones sustanciadas en dichos comentarios, que vendrían a encajar en alguna de estas tres categorías (enunciadas desde el afán de claridad, en detrimento tal vez del debido rigor taxonómico):

1. Favorables al Plan. Esta postura es adoptada por los nacionalistas vascos (obviamente) y catalanes de ERC.

2. Contrarios al Plan y contrarios incluso a su planteamiento y debate en sede parlamentaria. Esta postura es adoptada por el PP y ciertos medios de comunicación.

3. Contrarios al Plan, pero partidarios de su planteamiento y debate en sede parlamentaria. Esta postura parece ser la del PSOE (y digo parece ser porque el PSOE no habla por única boca, y no es lo mismo escuchar a Pachi López que a José Bono; en todo caso, parece la opción seguida por el Gobierno), así como la de muchos nacionalistas moderados e incluso la de muchos medios de comunicación.

Quiero centrarme en el análisis de esta tercera opción, fundamentalmente porque es la opción abrazada, al menos en apariencia, por el Gobierno de España. Resumiendo, esta opción podría enunciarse con una frase leída en un post del blog de Lluis Foix: “Que no cunda el pánico. Se puede hablar de todo. También del plan Ibarretxe.

¿Cual es la diferencia fundamental entre esta opción y la 2, propugnada por el PP? Sabido que en el debate parlamentario el Plan Ibarreche será derrotado por la aplastante mayoría de los partidos nacionales, la diferencia entre la postura de unos y otros parece cosa de matiz, de estilo y, siendo así, da incluso la impresión que los partidarios de la postura 2 no son más que unos intolerantes que hacen escasa profesión de fe democrática, negándose al debate del Plan en el sacrosanto templo de Las Cortes. Estéticamente al menos, la posición 3 es mucho más armoniosa, más amable y democrática.

Sin embargo, lejos de ser una cuestión de matiz, es una cuestión de raíz. Mostrarse contrario al Plan pero favorable a establecer un diálogo sobre él comporta una importantísima petición de principio: que la propuesta contenida en el Plan es en sí misma legítima, que existe un interlocutor válido y que, si bien por el momento es rechazable, lo es por su contenido, no por su naturaleza, y podría por lo mismo volverse aceptable a condición de cumplir determinados requisitos o de reunir el suficiente número de votos.

Es necesario romper el tabú, tan poderoso en estos tiempos de Talante, de que “se puede hablar de todo”. Eso no es verdad, y parte de una deficiente, o simplemente perversa, concepción de la Democracia. Para poder hablar, para poder establecer un diálogo, es imprescindible contar con interlocutores válidos y con temas de conversación legítimos sobre los cuales quepa pronunciamiento por parte de los interlocutores. Ninguna de esas condiciones se da en este caso.

Habrá que empezar diciendo que España es, aparte una realidad histórica o incluso sentimental, como se encargaba de recordarnos Xabier Cereixo con emocionada prosa, una realidad jurídica. La cuestión no es baladí, porque el ordenamiento jurídico es algo así como el manual donde se contienen las reglas de juego que regulan las relaciones entre personas. Por su propia naturaleza, el ordenamiento no puede ser objeto de modificación unilateral por parte de los que están sujetos al mismo; si así fuera, carecería completamente de valor. Imaginemos una partida de poker donde, por voluntad unilateral de uno de los jugadores, las dobles parejas tuvieran, de repente, más valor que el full, todo con tal de ganar una mano determinada; es evidente que, en esas condiciones, el juego se torna imposible. Esto, que es tan evidente, se está pasando por alto de forma deliberada en relación con el conflicto planteado por Ibarreche.

En España, la capacidad para modificar las reglas del juego, es decir, la soberanía popular, descansa sobre el conjunto de los españoles, y los españoles es, por tanto, un concepto jurídicamente relevante; no sucede lo mismo con los vascos que, en realidad, no significa nada y es apenas un gentilicio. Dentro de su sesgada dialéctica, el gobierno vasco pretende convencernos de que existe una instancia de decisión en el llamado “pueblo vasco”, e incluso se argumenta que, en el País Vasco, la Constitución Española no es vigente en tanto que sólo fue aprobada por un 32% de los vascos. Esa trampa, revestida de respeto democrático por la libertad de elección, nos lleva al absurdo: tanto valdría reducir el ámbito de la libertad de elección a una determinada villa, a mi comunidad de vecinos, a mi propia persona que, por razones de edad, no pude votar la Constitución y, en consecuencia, no debería sentirme ligado a ella por esa especie de acto propio imperativo que, según el gobierno vasco, es el voto.

Esa misma soberanía presunta, la que viciaría la aplicabilidad de la Constitución en el País Vasco, es la que se invoca para dar validez al Plan Ibarreche: la soberanía de los vascos para decidir su propio futuro, como se dice con grandilocuente demagogia. Sin embargo, en el terreno de la realidad jurídica, no es más que un dislate por las razones anteriormente expuestas: ni los vascos son un órgano jurídicamente relevante, ni existe otra soberanía que la española. Con igual legitimidad e igual derecho que los invocados por el Gobierno vasco, cualquier conjunto de españoles podría sentarse a discutir y a decidir sobre cualquier cosa: los ilicitanos podrían votar en referéndum la sistemática adjudicación de la Copa del Rey al Elche un año tras otro; los alaveses podrían votar su secesión de la autonomía vasca; mi comunidad de vecinos podría anexionarse la piscina de la comunidad contigua; o yo mismo, constituido en depositario de la propia soberanía, podría declarar la abolición del sistema fiscal y dedicarme, con plena legitimidad, a no pagar impuestos. Al fin y al cabo, se puede hablar de todo, ¿o no?

De seguirse este camino, España se transformaría en la partida de poker que se mencionaba antes: la seguridad jurídica que dimana del Principio de Legalidad desaparecería, la soberanía perdería todo su valor y la convivencia se haría imposible ante la ausencia de reglas de juego. Algo muy sorprendente cuando el Plan que originará este caos se nos está vendiendo como un modelo para la convivencia.

Este contrasentido, esta simple trampa conceptual, han sido asumidos sin rechistar por el Gobierno de España. No están de acuerdo con el Plan, pero no tienen miedo a hablar sobre él, legitimando de este modo su planteamiento y al Gobierno vasco como interlocutor, y haciéndonos caer con ello en una simple celada dialéctica revestida de talante democrático. Sin embargo, no es una cuestión de miedo, ni de intolerancia, sino de responsabilidad y de rigor jurídico.

No es difícil prever lo que sucederá en el futuro próximo. El PNV perderá la votación en el Parlamento, pero ganará la batalla de la legitimidad, que es su único propósito. Anotado en su casillero ese lance fundamental, y despejado el camino penal por obra y gracia del Gobierno, nada le impedirá celebrar su cacareado referéndum, en ausencia de cualquier clase de garantía, y presentar sus resultados (que no cuesta imaginar que serán de corte a la búlgara) como la expresión de la voluntad de los vascos de decidir su propio futuro.

Ahí está el verdadero desafío. Es evidente que se funda en una grosera falsificación de la legalidad, pero llegados a ese punto a ver quien tira de la manta. Para entonces, puede ser ya demasiado tarde.


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posted by Freelance at 10:48:00 a. m.