domingo, marzo 13, 2005

¿En qué quedó el ruido de cheques? (II)

(Viene de aquí).
La presunta trama político-inmobiliaria.
El PSOE fundamentó su teoría de la conspiración político-inmobiliaria, que a su vez consideraba causante de la deserción de Tamayo y Sáez, en unas presuntas recalificaciones de terrenos efectuadas por el gobierno municipal de Villaviciosa de Odón sobre el polígono urbanístico conocido como Quitapesares, situado en la margen sur de la variante de la M-501, justo en el límite entre los términos municipales de Villaviciosa de Odón y Móstoles. Este polígono recibe, dentro del PGOUM, el nombre de API XII Quitapesares, y se gestionó por medio de la oportuna Junta de Compensación.
Lo cierto es que la referida trama no llegó a definirse nunca con claridad ante la opinión pública. El PSOE solía referirse de modo inconcreto a presuntas recalificaciones del terreno, hechas en beneficio de personas cercanas a los Renovadores por la base, pero según la versión más detallada que luego se trasladó a la querella presentada por el PSOE, la trama consistió en que el Ayuntamiento de Villaviciosa vendió parcelas de terreno de titularidad municipal ubicadas dentro de los límites del polígono Quitapesares a precios inferiores a los de mercado, e incluso cedió 45.000 m2 de forma gratuita a los promotores del polígono. En la querella no se dice absolutamente nada de recalificaciones; ya veremos por qué.
Por tanto, el ruido de cheques, la gran conspiración que habría conducido a la deserción de Tamayo y Sáez y, con ella, a la derrota parlamentaria de la candidatura de Rafael Simancas a presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid, habría consistido, según el PSOE, en el beneficio obtenido por determinados promotores (Francisco Bravo y Francisco Vázquez), ligados a empresas participadas por Balbás, gracias a la venta, presuntamente a bajo precio de modo deliberado, que el Ayuntamiento (gobernado ya por la actual alcaldesa, Nieves García Nieto) habría hecho a aquéllos y que les habría permitido obtener importantes plusvalías; así como la cesión gratuita de 45.000 m2 para accesos y aparcamientos, al parecer aprobada por la anterior alcaldesa, también del PP, Pilar Martínez. Sólo un razonamiento complicado y bastante traído de los pelos nos permitirá ligar ambas cosas, es decir, la existencia de una pretendida trama como la descrita y la ausencia de los dos diputados rebeldes (que no tránsfugas) en las vitales votaciones de la Asamblea de Madrid.
La querella.
Es muy curioso que la querella presentada por el PSOE (cuyo texto íntegro puede leerse aquí) fuese dirigida contra las siguientes personas: Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez, José Luis Balbás, Francisco Bravo, Francisco Vázquez y Ricardo Romero de Tejada; es decir, nada menos que tres destacados mandos socialistas, un mando del Partido Popular y dos empresarios afiliados a éste último partido.
La imputación de Balbás y Tamayo, por una parte, y Bravo y Vázquez por otra, podría fundamentarse en que los cuatro podrían haber sido los beneficiados del presunto cohecho, como promotores en el polígono Quitapesares; la imputación a Sáez es ridícula, porque abstenerse de votar en la Asamblea de Madrid, llamar por teléfono o alojarse en un hotel no son todavía delitos en España, mal que le pese a Simancas. Más insólita aún es la imputación de Romero de Tejada, a quien se acusa de controlar al PP de Madrid (hecho sexto, párrafo conclusiones, punto 9); y de haberse reunido un par de veces con Francisco Bravo, sin que se pueda afirmar el contenido de sus reuniones (hecho séptimo). Sin embargo llama mucho la antención que, aunque los ilícitos más graves que se contienen en la querella habrían sido presuntamente cometidos por las dos sucesivas alcaldesas del PP en Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez y Nieves García (los hechos descritos o, mejor, insinuados en la querella constituirían graves delitos de cohecho por parte de ambas), el querellante decide no traerlas al proceso, lo que da una idea del concepto que el propio querellante tenía de la verosimilitud de las imputaciones contenidas en su escrito de querella.
El escrito, por su parte, está lleno de simples insinuaciones sin base probatoria de ninguna clase y, además, describe minuciosamente hechos que no constituyen delito de ninguna clase, como sean los descritos en los hechos primero a quinto del escrito de querella. En ellos se narra la deserción de Tamayo y Sáez de la Asamblea, se especula con el destino de las llamadas de teléfonos de ambos y se relata, de una forma algo rocambolesca, a lo Rififí, el asunto de las reservas de las habitaciones hechas por Francisco Vázquez en el Hotel Los Vascos, sin que en ningún momento se establezcan relaciones causales entre ninguno de los hechos irrelevantes que se refieren. Como profesional del Derecho, me produce vergüenza leer una querella basada en hechos tan endebles y en tal ausencia de pruebas. En este sentido, conviene recordar que la querella fue inadmitida dos veces a trámite en el TSJM por su deficiente fundamentación.
En el hecho sexto es donde por fin se establecen los presuntos hechos delictivos, en el sentido apuntado más arriba: cohecho por haber vendido suelo municipal a precios inferiores ("entre un 20 y un 50% por debajo del precio de mercado", según afirma la querella). Todo el resto del relato de hechos, como queda dicho, no constituye ni puede constituir delito de ninguna clase, y a la atenta lectura de la querella me remito.
Es decir.
En el post de mañana trataré de resumir los trabajos de la Comisión de Investigación constituida en Villaviciosa de Odón para dilucidar los hechos objeto de la querella y, sobre todo, compararé sus resultados con los hechos de la querella, demostrando que ésta es poco más que una fabulación hecha a la desesperada por el PSOE, tratando de aplicar una política de ventilador ante el escándalo provocado por dos de sus diputados electos de la Asamblea de Madrid; fabulación, no obstante, que ha puesto bajo sospecha a personas honorables, como son Pilar Martínez y Nieves García, adjudicándoles comportamientos delictivos a sabiendas de su falsedad.
Por todo ello, como trataré de ampliar mañana, debería exigirse la inmediata dimisión de los autores intelectuales de la querella, con Diego López Garrido y el actual Ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, a la cabeza.

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posted by Freelance at 8:34:00 p. m.