sábado, abril 09, 2005

¿En qué quedó el ruido de cheques? (y IV)

Último comentario en relación con el llamado escándalo político - inmobiliario de la Comunidad de Madrid, por el cual Rafael Simancas perdió la ocasión de presidir un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
En las anteriores entregas de ¿En qué quedó el "ruido de cheques"? (1, 2 y 3) se desmontó, con abundante aporte de datos y argumentos, la patraña urdida por el Partido Socialista, según el cual oscuros intereses inmobiliarios conspiraron para privar al propio PSOE y a Izquierda Unida del gobierno de Madrid después que, en las elecciones autonómicas, el PP de Esperanza Aguirre quedase a un solo diputado de la mayoría absoluta. El PSOE ha sido incapaz, pese a sus desesperados intentos, de probar la existencia de trama alguna relacionada con la gestión del suelo realizada por los sucesivos gobiernos municipales de Pilar Martínez y de Nieves García Nieto, ni tampoco ha podido aportar el más mínimo indicio de implicación de persona alguna del PP en ninguna trama ni conspiración. Para mayor escarnio de la verdad, lo único que ha quedado acreditado después de todas las investigaciones es que algunas personas del PSOE sí participan de entramados inmobiliarios, como es el caso de José Luis Balbás (administrador o socio de más de 20 empresas), el propio Tamayo o el ex-alcalde de Arroyomolinos, Ángel Luis Pérez.
Sin embargo, gracias a las poderosas estructuras de medios de comunicación que el PSOE tiene a su servicio (fundamentalmente, el Grupo Prisa y Tele5), la especie calumniosa de que el PP estaba detrás de la trama cundió con rapidez entre la opinión pública, cubriendo de sospechas a personas honorables como son Nieves García, Pilar Martínez o, desde luego, la propia Presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; sospechas que, en el caso sobre todo de la primera, consagrada a la vida política en un municipio pequeño, han significado un verdadero e inmerecido calvario personal.
El PSOE como institución se ha cubierto una vez más de ignominia a causa de este asunto, y por doble motivo: primero, por haber quedado al desnudo sus estrategias de reparto del poder y el presupuesto con motivo de las desesperadas cesiones hechas por Simancas a favor de Izquierda Unida y en detrimento de los Renovadores por la base, causa verdadera de la deserción de Tamayo y Sáez; y por haber tratado de encubrir sus miserias con falsas acusaciones a personas de recto proceder, en vez de asumir las responsabilidades propias. Y aunque el PSOE como institución es quien se cubre de ignominia, son varias personas con nombre y apellido quienes deberían responder por ello: Rafael Simancas, como responsable del entramado político en el que cabían Balbás, Tamayo y sus pingües negocios ilegales y como responsable también de difundir la calumniosa especie del ruido de cheques; y Diego López Garrido y el actual Ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, como autores materiales de la estrategia de ocultación de la verdad y de acusaciones irresponsables y falsas contra personas que nada tenían que reprocharse. A la vista de los resultados de las investigaciones, y a más de dos años de los hechos, no podemos dejar que tan graves responsabilidades queden en el olvido: Rafael Simancas, Diego López Garrido y Fernando López Aguilar deben dimitir de sus cargos representativos, y deben responder por los presuntos delitos de calumnias que cabe entender que puedan haber cometido. Aunque seamos pocos los que lo recordemos, debemos insistir para que no se olvide por completo la vergüenza que significó el monstruoso montaje urdido por estos trileros de la política para distraer la atención de sus propias faltas.
No podría cerrar estas reflexiones sin hallar un corolario, sin extraer una enseñanza genuinamente liberal de todo el asunto: nada de esto podría haber sucedido si el mercado del suelo fuera un mercado verdaderamente libre y no un mercado rígidamente intervenido y sujeto a la voluntad unilateral de los poderes públicos, fundamentalmente los municipales, a la hora de fijar sus precios. Mientras un concejal o un alcalde tengan en su mano la posibilidad de multiplicar el precio de un terreno por diez, por veinte; mientras las tierras heredadas por cualquier hijo de vecino puedan pasar de valer cien mil a dos millones de euros mediante sólo una recalificación que nuestro sistema político y legal deja en manos de un concejal cuyo sueldo no alcanza los 40.000 euros anuales; todos los cargos públicos de la administración municipal estarán siempre bajo sospecha, y cualquier negocio relacionado con la expansión del mercado inmobiliario cursará en medio de corruptelas mercantilistas, de sospechas, de favores y de prevaricaciones.

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posted by Freelance at 4:33:00 p. m.