viernes, septiembre 16, 2005

La Batalla de Madrid. Hoy: LaOtra

Interesante la jugada que se plantea ante la prohibición, ex Ministro Montilla, de las emisiones del segundo canal autonómico de Madrid ( cuyo nombre, LaOtra, parece el de una meretriz barojiana). Más allá del injusto que significa negar lo que a otras se concede, y a falta de un detallado examen del expediente administrativo formado, no quería dejar de señalar desde este corner que amablemente me acoge, algunos detalles que, a mi juicio, pueden resultar interesantes.
La resolución del Ministerio de Industria denegando la concesión del segundo canal puede ser:
a) Lícita, si no cumple los requisitos establecidos para su concesión, en tanto que se trata de una actividad reglada ( si cumple, Industria tiene que autorizar) y no discreccional ( que dependería de un juicio de oportunidad por parte del concedente que, en todo caso, no podría ser arbitrario)
b) Ilícita. La ilicitud puede ser administrativa ( en tanto que la denegación de la misma no tenga justificación o sea arbitraria) o penal ( en tanto que en la denegación exista un propósito criminal, mostrado en el dictado de una resolución con conocimiento de que la misma es injusta).
Vayamos al peor de los casos: la decisión de Industria es delictiva. Que no tiemble el Ministro: suponemos que contará con algún alambicado informe por parte de los servicios juridicos que justificará la decisión. En todo caso, aun cuando no contara con él, sería la primera vez que un Ministro fuera imputado por un delito de esas características. A contrario, el corifeo progresista ( incluso si el Ministro compareciera en rueda de prensa y reconociera que tenía perfecto conocimiento de que la resolución constituía un delito, que lo hizo para perjudicar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, además, lo volvería a hacer mil veces) afirmaría que la derecha criminaliza la vida pública, en un intento de desgastar al gobierno para volver al poder del que fue desplazado por medio de las urnas. Repásese en la hemeroteca los mejores recortes del GAL y otros escándalos de la anterior etapa socialista.
Es decir, aun siendo un delito, una valoración sobre la eficacia de iniciar la acción penal, una un cáluclo probabilístico sobre la visión que el juzgador tendría del asunto - cosas peores se han visto - y la marabunda de la jauría harían que, desde un punto de vista político, se desetimara inciar tales acciones.
Nos quedamos, por tanto, en la via Administrativa.
Recurrir en la propia via Administrativa ( es decir, en el cauce gubernativo, discutiendo ante el Organo administrativo que ha dictado la resolución denegatoria o su superior, la invalidez de dicho acto ) parece innecesario más que para perder el tiempo, ya que toda resolución confirmaría el acto denegatorio con toda seguridad.
Habrá de acudirse, por tanto, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que, en aquellos paises en los que existe una división de poderes, vela por que la actuación de las Administraciones en el ambito de actuación que le es propio, se ajuste a la legalidad. El proceso, sin entrar a prejuzgar su resultado ( que me reservo), se sustanciará a lo largo de meses o, incluso, años.
Mientras que se dicte una resolución por parte de esa Jurisdicción, que indique si la actuación de Industria denegando fue correcta o incorrecta, se produce - a mi modesto juicio - una zona gris en la que, los jugadores de esta partida no se quedarán quietos.
Movimientos previsibles son:
a) LaOtra comienza sus emisiones. Industria ordena su cese, el precinto de las instalaciones o, incluso, acudir a los medios policiales oportunos, ante una posible desobediencia. Esperanza Aguirre, para unos, paladina ante los atropellos de la Administración Socialista; para otros, una delincuente ( ya que los etarras no son delincuentes, sino personas necesitadas de dialogo y humanización, alguien habrá de sustituirlos).
b) Algunas empresas de comunicación que no hayan sido destinatarias de las licencias concedidas por la CAM para emisiones televisivas, deciden tomar ejemplo de la Comunidad, y comienzan las emisiones. "Si esta Administración lo está haciendo....¿Cómo pretende prohibírmelo?", afirmarán. Desde esas antenas, darán el diario de guerra todos los dias. Cualquier intento de cierre o precinto supondrá, inmediatamente, una resistencia numantina, con la presencia de algún Bardem y las pancartas "La derecha no quiere libertad de expresión".
Asi pues, el bosquejo de la situación sería: un procedimiento judicial que se eterniza en el tiempo ( no hay prisa, toda vez que las resoluciones de la Administración son inmediatamente ejecutivas y la aplicación de la misma inmediatamente no causa - prima facie - daños y perjuicios de dificil o imposible valoración), y cuyo fin, si terminara apreciando las pretensiones de la Comunidad de Madrid, estaría sujeto a que se ejecutara; por otra parte, las arenas movedizas de verla inmediata implantación de nuevas cadenas - Localia no cuenta, ya tiene solera en su actuación - que, sin contar con autorización ( y sin haberla solicitado siquiera, si la prisa es mucha ) comienzan a emitir; y, finalmente, el cierre, porra en mano, de LaOtra.
Y hay quien dice que Montilla parecía tonto....

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posted by Sr. X. at 11:00:00 a. m.