Fidel Castro, la Justicia española y el genocidio.

La pregunta no es si Fidel podría ser detenido en España después de la Sentencia reciente del Constitucional; la pregunta es si podría haber sido detenido antes.

A través del Blog de Klaus Meyer, encuentro la noticia de que la Unión Liberal Cubana y la Asociación Española Cuba en Transición han presentado una demanda para que Fidel Castro sea juzgado por la Audiencia Nacional española por delitos de genocidio y lesa humanidad, al amparo de la doctrina recientemente sentada por el Constitucional en su Sentencia de 26 de septiembre pasado, estimando el recurso presentado por la representación procesal de Rigoberta Menchú contra la Sentencia del TS de febrero de 2002 ratificando la falta de competencia de los Tribunales españoles, aun por la vía de la subsidiariedad, en el caso de delitos de genocidio cometidos contra naturales de otros países.

La demanda de la ULC y la AECT es la reacción lógica (y merecida) a una resolución absolutamente descabellada como es la del TC que, de jure, constituye a los Tribunales españoles en una especie de Corte Penal Internacional, saltándose a la torera toda la doctrina sobre territorialidad consagrada por los Ordenamientos nacionales y el Derecho internacional. El TC, que dictó una resolución manifiestamente política en el caso de Menchú, será puesto ahora ante sus contradicciones, y deberá solventar de alguna manera el previsible aluvión de denuncias que caerán sobre los Tribunales españoles por delitos cometidos por los Gobiernos no sólo de Cuba, sino también de China, de Corea del Norte, de Irán, de Siria, etc.

En el caso de Cuba, sin embargo, puede que estemos desviando la atención y empleando mal los resortes jurídicos existentes, algo cegados por la actualidad. Es preciso recordar que la Sentencia del TC estimaba el recurso de Menchú contra las resoluciones previas del TS y la Audiencia Nacional, en las cuales se exigía el requisito de la nacionalidad española de las víctimas en aplicación del principio de competencia; por lo tanto, la Sentencia no afecta en modo alguno a las acciones que puedan entablarse ante los tribunales españoles a consecuencia de delitos cometidos contra ciudadanos españoles por Gobiernos extranjeros. Hemos de recordar igualmente que ya Baltasar Garzón se entendió competente para juzgar a Augusto Pinochet a causa de la condición de españoles de algunas de las víctimas de la represión impuesta por el dictador chileno.

Sucede que el régimen de Castro, desde su siniestra fundación allá por 1.959, se ha cobrado la vida de, al menos, 6 españoles, como demuestra el Dr. Lago en su Libro Negro sobre Cuba; de igual modo, Ofelia García y Agustín Blasco, descendientes de españoles asesinados por Castro, han presentado en el pasado documentación sobre aquellos hechos al propio Juez Garzón e incluso se han dirigido por carta a los Reyes de España, reprochando la actitud de nuestro país en relación con el tirano de la Habana, en tiempos, por cierto, en que el Gobierno de España estaba ostentado por un José María Aznar que no tuvo empacho en pasear, chaqueta al hombro, por las calles de la Habana, en compañía del execrable monstruo de la Cabaña; poco puede el PP alzarse ahora del lado de la legitimidad cuando tampoco escapó de las componendas con la tiranía castrista.

Teniendo en cuenta que, según el vigente Código Penal español, el delito de genocidio no prescribe; y teniendo en cuenta igualmente que los españoles asesinados durante el periodo revolucionario por el cual Castro y sus secuaces se alzaron con el poder en Cuba reune todos los requisitos formales y materiales para ser considerado un genocidio, Castro puede y debe ser juzgado, de oficio, por los Tribunales de España, por la vía de la subsidiariedad, ante la manifiesta falta de voluntad justiciera de los tribunales cubanos, que son los que ostentan la competencia territorial.

La Sentencia del TC consagra una situación absurda que la práctica jurídica y el Derecho internacional se encargarán de evitar; sin embargo, conforme al Derecho español, Fidel Castro debería responder, debería haber respondido hace mucho tiempo por la muerte de varios españoles. Es nuestra obligación exigir a los Tribunales españoles que cumplan con su cometido y procesen al tirano de Cuba por aquellos crímenes.